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Defensa del Territorio

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Manifiesto I Foro comarcal.

POR LA SOBERANÍA VECINAL Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO”

Villasur de Herreros, 2 de junio de 2013

Vecinos y vecinas de más de 20 pueblos de las comarcas burgalesas de Juarros, Demanda, Atapuerca, Montes de Oca, y otras aledañas, nos hemos dado cita en Villasur de Herreros los días 1 y 2 de junio, y hemos acordado este manifiesto:

  1. AUTONOMÍA LOCAL:

    1. Ante los actuales ataques legislativos sobre la autonomía de los pequeños municipios y pedanías, manifestamos:

      1. Que los pequeños municipios y sus habitantes no somos responsables de la crisis financiera ni de los desmanes que nos han llevado a la actual situación, a pesar de los cual, bien somos los principales perjudicados de estas medidas.

      2. Que nuestros concejos, juntas vecinales y pequeños ayuntamientos han sabido gestionar sus asuntos y servicios a la población, muchas veces con escasos recursos y gracias al esfuerzo personal de concejales/as y vecinos/as.

Y proponemos:

  1. Que los ayuntamientos y juntas vecinales de la comarca hagan frente común para defender su autonomía ante la pérdida de competencias, concentración de las decisiones y privatización de servicios que se derivan de las actuales reformas de las administraciones locales y la ordenación del territorio en Castilla y León.

  2. Que se posicionen a favor de las comarcas históricas, frente al reforzamiento de las Diputaciones y los nuevos “distritos” o “mancomunidades de interés general”.

  3. Que defiendan la integridad de los bienes comunales, como recursos estratégicos para la supervivencia de los pueblos, históricamente objeto de apropiación por parte de poderes públicos y privados.

  4. Que se adhieran a las plataformas y movimientos en defensa de la autonomía local que llevan más de un año luchando por la supervivencia de los pequeños pueblos, frente al expolio rural de las reformas en curso.

  • PARTICIPACIÓN VECINAL:

    1. Ante los escasos cauces para la participación y la toma de decisiones por parte de los vecinos en lo relativo a sus asuntos, manifestamos:

      1. Que el futuro de los pequeños pueblos pasa por la democratización de la vida municipal.

      2. Que deben promoverse espacios y sistemas para la participación directa, la toma de decisiones y la gestión de los municipios.

      3. Que deben protegerse y recuperarse los Concejos Vecinales, la institución municipal más democrática, eminentemente castellana, asamblea de todos los vecinos y vecinas, para regular y gestionar con autonomía los asuntos municipales.

      4. Que los debates municipales y la gestión de los municipios y de otras entidades de las que forman parte deben abrirse al vecindario afectado, dotándose de total transparencia.

  1. DEFENSA DEL TERRITORIO ANTE AGRESIONES AMBIENTALES

    1. Frente a la grave amenaza que suponen la fractura hidráulica y el lobby energético:

      1. Rechazamos de plano la extracción de gas mediante la técnica del “fracking” o fractura hidráulica, por sus nefastas consecuencias sobre nuestros acuíferos, ríos, humedales y suelos, recursos básicos para la vida, y por tanto sobre la salud humana, el ganado y la vida salvaje.

      2. Instamos a nuestros ayuntamientos a que se opongan tajantemente ante cualquier intento de estudio, prospección o extracción de gas con esta técnica.

    2. Ante el uso manifiestamente abusivo por parte de entes públicos de agrotóxicos para el control de la vegetación:

      1. Instamos a que abandonen esta práctica en el futuro, debido al grave daño sobre los ecosistemas y el penoso ejemplo que causa sobre la población.

  1. DINAMIZACIÓN RURAL AGROECOLÓGICA

    1. Ante el agotamiento del discurso del desarrollo rural, el turismo como propuesta única de futuro y las políticas de desagrarización del mundo rural:

      1. Proponemos que, tanto desde las instituciones públicas como desde la propia vecindad, se apueste por otro modelo de dinamización rural, basado en la producción agraria, la pequeña transformación alimentaria, la participación, el uso respetuoso de los recursos naturales y los circuitos cortos de comercialización y consumo, que propicie el asentamiento de la población.

      2. Para ello solicitamos la colaboración y el apoyo de las administraciones hacia este modelo:

        1. A la hora de legislar: Medio ambiente, vivienda y urbanismo, economía y empleo, agricultura, semillas y biodiversidad, alimentación, etc.,

        2. Dedicando recursos económicos y humanos.

      3. Proponemos un reequilibrio de la actividad económica, con un mayor peso de la producción primaria y la pequeña transformación a partir de los recursos locales, en estrecha relación con el sector hostelero y turístico.

      4. Proponemos que la Soberanía Alimentaria y la Agroecología sean los nuevos pilares para un mundo rural vivo.

ANEXO: Además de estas propuestas y demandas, el Foro Comarcal celebrado en Villasur dio lugar a multitud de nuevas ideas y proyectos gestionados por los propios vecinos, entre los cuales podemos destacar:

  1. Creación de una red vecinal de apoyo mutuo para trabajos comunitarios e intercambio de habilidades y recursos.

  2. Creación de una red de producción y consumo agroecológico.

  3. Coordinadora para la defensa de la autonomía local.

  4. Impulso para la democracia directa en el ámbito municipal.

  5. Campaña veraniega de solidaridad contra la fractura hidráulica y por la defensa del territorio.

  6. Recuperación de lugares públicos como molinos y caleras, compatible con su uso productivo.

  7. Sistemas para la movilización de tierras agrícolas y viviendas en abandono.

  8. Constitución de una red vecinal que aglutine a todas las personas que quieran compartir estos y otros procesos.

Descarga del manifiesto en PDF

 

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POR LA AUTONOMIA Y LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS:

Ante la amenaza y pérdida de autonomía municipal que se deriva del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Plataforma Rural, alianzas por un mundo rural vivo, y un numeroso grupo representante de los pequeños municipios españoles y de las entidades locales menores, se ha reunido en Madrid los días 5 y 6 de abril del 2013, con el fin de debatir y defender sus derechos constitucionales y su patrimonio común.

Bajo el mandamiento único de la estabilidad presupuestaria y de la lucha contra el déficit, el Gobierno se propone intervenir en la vida local, vaciando de competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que suman 7.749, el 95% de nuestros entes municipales.
Serán los municipios por debajo de los 5.000 habitantes, y entre ellos los 4.873 de menos de 1.000 habitantes, los que se verán excluidos de plenos derechos de representación democrática y privados de sus cuantiosos recursos. Calificar a los pequeños ayuntamientos y a las entidades locales menores o a sus juntas vecinales de “obsoletas y opacas” resulta ofensivo y mendaz, cuando los graves endeudamientos corresponden a las grandes ciudades donde se concentra el despilfarro y las acciones urbanísticas “impropias”, calificadas de especulativas. La FEMP debería revisar sus planteamientos y velar a ultranza por los entes más débiles y los servicios de proximidad, fortaleciendo así la cohesión territorial.

Desde una posición equívoca y apoyada en una sobrevaloración de las economías de escala, el Gobierno pretende eliminar las competencias calificadas sin razonamientos objetivos de impropias, sometiendo a lugares distintos y diversos a unos estándares de servicios y de costes únicos que rayan en una visión plana y nada amigable con el medio rural. Precisamente aquí, la austeridad no depredadora y la cercanía a los problemas vecinales han marcado durante estas décadas el comportamiento más común, “eficiente”, efectivo y afectivo. Muchos entes locales rurales, en contrapunto a los municipios urbanos escandalosamente endeudados, han sido verdaderos ejemplos de “smart locus” (lugares inteligentes). Confiar en la potestad de los interventores frente al poder político local o en
las nuevas atribuciones competenciales de las diputaciones nos parece un desprecio al quehacer inteligente de alcaldes, concejales, alcaldes-pedáneos, presidentes de juntas vecinales y a cuantos generosamente han sostenido los servicios de proximidad y han luchado por un mundo rural vivo. Ellos se merecen el máximo respeto y reconocimiento de la ley, y no una descalificación, o lo que es más grave, el expolio de los bienes territoriales conservados gracias a sus esfuerzos.

Consideramos que el patrimonio público en sus distintas formas de pervivencia y de uso (Montes de Utilidad Públicas, bienes de propios, bienes y montes comunales o concejiles, montes y bienes mancomunales, montes en mano común, dehesas boyales) debe ser preservado en su integridad y mantener su vinculación al territorio y a sus entes locales o juntas vecinales, sus legítimos e históricos dueños. No podemos tolerar que, bajo el amparo de esta reforma injusta, y en el contexto de una crisis financiera ajena al mundo rural, los grupos oligárquicos y corporativos se apoderen y se beneficien de las plusvalías naturales, culturales y agroalimentarias pertenecientes por derecho, por trabajo, y por historia al mundo rural. El mantenimiento de la población y de los servicios sociales próximos debería ser un objetivo fundamental de un gobierno y de una política comprometida con los territorios rurales y con sus habitantes.

Jerónimo Aguado
Plataforma Rural
Amayuelas de Abajo, Palencia

Resumen del informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León

Zonas_Convergencia_Competitividad_021.-ANTECEDENTES
El informe del CES hace recuento de los costes de no haber contado hasta ahora con un modelo territorial: Ha dificultado cualquier planteamiento global e integrado de los distintos servicios públicos y complicado la posibilidad de ejercer los derechos del conjunto de la ciudadanía (…)ha dificultado la resolución de problemas estructurales de naturaleza económica y social, así como la resolución de los desequilibrios territoriales y la despoblación. Pero el PP no tiene el coraje de hacerse cargo de este coste del que es culpable en la misma medida de sus responsabilidades de gobierno.
En definitiva, para el CES este Anteproyecto, que pretende hacer pasar por ordenación del territorio algo que no lo es de ninguna manera, es el resultado de los propios incumplimientos del Junta de desarrollo legislativo y reglamentario tanto en materia de ordenación del territorio como de régimen local.

2.-LOS PRINCIPIOS
En lo que respecta a Los Principios que informan el texto normativo propuesto por la Junta, que se limitan a la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera. El CES estima necesario recordar la importancia de otros principios y fines como son la autonomía, la subsidiariedad, la proporcionalidad, la cooperación, la claridad competencial y la transparencia, el bienestar de los ciudadanos, la solidaridad y la equidad, entre otros.

3.-FINES Y OBJETIVOS
El CES no acaba de ver en este Anteproyecto DÓNDE ESTÁN LAS PERSONAS y sus necesidades en el territorio. Insiste en que el énfasis debe estar en la generación de empleo y en la fijación de población en el territorio. En mi última intervención en las Cortes sobre esta materia valoraba este proyecto como un “monopoli”[4], que se construye de espaldas a las personas y a su realidad cotidiana.
Añade que esta materia no trata de arquitectura institucional, sino de personas, de territorios y de Comunidad.
(1º) De PERSONAS, que deben ser el epicentro del futuro modelo de ordenación territorial, y por tanto no debe olvidar, como hace el anteproyecto, el bienestar social, el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia y servicios sociales) y mayores oportunidades de empleo. En este sentido plantea la necesidad de definir tanto una cartera de servicios como estándares de cobertura y acceso a los mismos, para garantizar los derechos sociales básicos y la cohesión social.
(2º) De TERRITORIOS, es decir de desarrollo económico, de sostenibilidad medioambiental,  infraestructuras y de eliminar los desequilibrios territoriales. No deben eludirse, como hace el Anteproyecto,  las políticas sectoriales relacionadas con el empleo, las infraestructuras, la agricultura, el desarrollo rural, el medio ambiente, etc
Por eso insiste el CES en que un modelo de Ordenación del Territorio que garantice un correcto desarrollo económico y social de nuestra Comunidad, debería tener en cuenta los recursos endógenos de cada zona, y aprovechar la nueva geometría del territorio de Castilla y León para potenciar sus corredores naturales, sus vías de comunicación y transporte, su patrimonio turístico y cultural, sus potencialidades industriales, y sus singularidades territoriales.[5]
y (3º) De COMUNIDAD, o lo que es lo mismo, de luchar contra la despoblación  de vertebración y equilibrio territorial  y de cohesión económica y social. Para ello recuerda la necesidad de activar los instrumentos de vertebración territorial previstos en el Estatuto: El Fondo Autonómico de Compensación (art. 78.2) y el Plan Plurianual de Convergencia Interior (d. adicional 2ª), para  que el modelo de territorio de Castilla y León fuera acompañado de un marco de actuaciones de carácter adicional y extraordinario con el propósito de recuperar unos niveles adecuados de población, renta, empleo, dinamización de la actividad productiva e infraestructuras, así como de un reforzamiento en la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, precisamente en aquellos territorios que reflejen un menor desarrollo y cohesión social.
Echa de menos también el informe alguna referencia en el Anteproyecto a las CCAA  vecinas y, sobre todo, a Portugal para la instrumentación de actuaciones de desarrollo y equilibrio territorial en los bordes de la Comunidad, particularmente en “la raya”.

4.-EL MAPA
Respecto al MAPA, el CES considera que debería hacerse a la mayor brevedad posible, incluso especificarse en la propia norma, ya que no queda suficientemente claro el modelo si no se conoce el mismo, teniendo en cuenta, además, que hasta que el mapa no esté definido no se pueden concretar las áreas funcionales.
No comparte que el modelo descanse en las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio –aptas para la ordenación del mapa local, pero no para la ordenación del territorio que es, sobre todo,  dar garantía de acceso a bienes, infraestructuras y servicios públicos en condiciones de equidad y crear oportunidades de futuro a partir de los recursos más singulares de cada cual- y apuesta por las Áreas Funcionales o Comarcas, con más capacidad para  organizar la prestación de servicios, para articular una planificación a largo plazo, incorporar las áreas rurales a los procesos de desarrollo y a paliar el deterioro de sus estructuras económicas, sociales y demográficas, a través de la creación de equipamientos, dotaciones y alicientes de diverso tipo en las cabeceras, con criterios de solidaridad, racionalidad y eficacia, y con un funcionamiento en red que permita compartir los recursos.

5.-FINANCIACION
En cuanto a la FINANCIACIÓN el CES afirma:  El Anteproyecto de Ley no especifica claramente que se dispondrá de la financiación adecuada para llevar a cabo el modelo que se plantea. Llama la atención que en esta materia el anteproyecto SÍ proponga esperar a la modificación (¿?) de la legislación básica estatal para regular la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad de Castilla y León, que tanto nos costó plasmar  en art. 55.3 del Estatuto de Autonomía.[6]
Se pone en cuestión el principio de austeridad y la propia “racionalidad” que predica de sí el Anteproyecto, por cuanto  no queda clara en el mismo ninguna economía de estructuras locales, pues se crea una nueva, las Mancomunidades de Interés Comunitario, sin aclarar la eliminación de las actuales. No se entra en lo que a mi juicio sería la gran estructura de gestión de los servicios públicos locales en el medio rural: Los consorcios provinciales de servicios generales[7]. Una administración local instrumental, sin representación directa de la ciudadanía, dentro de otra administración local territorial, las diputaciones provinciales, de elección también indirecta. ¿Se puede poner más distancia entre la ciudadanía y la gestión de los servicios públicos “de proximidad”?

6.-ENTIDADES LOCALES MENORES
No se olvida el CES de las Entidades Locales Menores, a las que atribuye un importante papel en la vertebración de la Comunidad, destacando su carácter de patrimonio institucional y sus prácticas tradicionales de  participación directa de la ciudadanía. Destaca su papel en la descentralización de la Administración municipal.

7.-CONCLUSIONES
7.1.RÉGIMEN LOCAL. Empieza –y termina- por señalar lo indiscutible. Que todo lo que tenga que ver con la gobernanza local se mantenga a la espera de lo que resulte de la aciaga reforma puesta en marcha por el Gobierno con su Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya sometida a informe de la Comisión Nacional de Administración Local y del Consejo de Estado. En esta materia la Comunidad sólo puede adaptar la norma básica estatal a nuestra compleja realidad. ¡No vayamos a tener que dar marcha atrás después de 26 años amagando! Por prudencia, concluye, entendemos debería paralizarse la tramitación del Anteproyecto ahora informado, hasta la aprobación de la reforma estatal, o al menos debería suprimirse el articulado referido a la misma.
No entra el informe a valorar la coherencia de ambos anteproyectos, que alejan la gestión de las instituciones de elección directa por la ciudadanía, ni sus efectos combinados sobre el territorio: En mi opinión las mancomunidades de interés general se convertirán, si no lo evitamos, en el cementerio al que irán a morir los pequeños ayuntamientos y las entidades locales menores, no nos engañemos, y los consorcios de servicios generales de las diputaciones provinciales en el gestor-privatizador de los servicios públicos al medio rural con algún interés para el mercado.
7.2.ORDENACION DEL TERRITORIO.

Para el CES este documento no responde a las expectativas, necesidades y demandas de la sociedad castellana y leonesa en esta materia, pero cree que esta oportunidad no debería desaprovecharse (…) para sentar las bases de un modelo de futuro con mayores garantías y oportunidades, donde los pilares fundamentales sean el empleo, el dinamismo económico, la cohesión social y la convergencia de todos los territorios; es decir, una ordenación centrada en las personas, y no sólo en las instituciones.

Recuerda, por último, la reiteración de sus informes y recomendaciones sobre la importancia de abordar con tino y sentido de Comunidad esta materia. No olvida los incumplimientos sistemáticos de la Junta en cuanto al desarrollo normativo tanto del régimen local como de la ordenación del territorio de Castilla y León y pide que se evalúe lo que se ha legislado sobre esta última materia y se aclare su compatibilidad con lo que ahora se propone.

8. VOTO PARTICULAR DE UGT Y CCOO

Sin insistir en el mismo,  el voto particular de los sindicatos, de tono aún más crítico que el resto del informe, insiste en la crítica al reforzamiento de las diputaciones y la recuperación del modelo comarcal, donde tenga sentido, compatible con las áreas funcionales en el resto del territorio rural y las áreas metropolitanas, como un modelo más naturalizado y accesible a las referencias de identidad local de la ciudadanía y más coherente con la figuras previstas en el título III del Estatuto de Autonomía. Estructuras que considera mejor dimensionadas para garantizar la igualdad de oportunidades y para promover estrategias de desarrollo, creación de empleo y población.

Este voto particular considera que el paso siguiente a la definición del Mapa de Castilla y León, en Comarcas, Áreas Funcionales y Áreas Metropolitanas, correspondería a la necesidad de afrontar una profunda reforma en la dirección de sustituir dos estructuras con implantación territorial, como son las Diputaciones y las Mancomunidades, con sus oportunos órganos de Gobierno de las 9 Diputaciones y de 239 Mancomunidades existentes en la actualidad, por una estructura única para toda Castilla y León que no superaría la cifra de las 65-70 Unidades Territoriales Básicas (entre Comarcas y Áreas Funcionales).

9.-ANEXO

Como colofón, no me resisto a transcribir en su literalidad la Observación Particular Vigesimonovena, compartida por todo el Consejo:

El texto normativo propuesto, lejos de simplificar la relación ciudadano-territorio, contempla una amalgama de estructuras no naturales, de difícil comprensión y dudosa efectividad, como son las denominadas “Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio”, dividiéndose en rurales y urbanas, o las llamadas “Áreas Funcionales”, ya sean estas estables o estratégicas, sin olvidar las “Mancomunidades de Interés General”, que a su vez también pueden ser rurales o urbanas.
Nos encontramos que las “Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio” se configuran como entes abstractos, sin referencia política y administrativa alguna a nivel supramunicipal.
Al mismo tiempo se refuerza el papel de una institución local de elección indirecta para la ciudadanía como son las Diputaciones, y se mantienen el resto de estructuras administrativas existentes en la actualidad: Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, Comarca (en el caso único de El Bierzo), Mancomunidades, Ayuntamientos y Entidades Locales Menores.
Este modelo, que se define en el anteproyecto, a juicio de este Consejo, producirá confusión al ciudadano de nuestra Comunidad Autónoma ya que no verá en el nuevo mapa una referencia administrativa acorde con su sentimiento de pertenencia territorial.

Es más, cualquier ciudadano, castellano y leones, es capaz de decirnos a qué comarca natural (entendida como territorio) pertenece o a qué entorno metropolitano, pero no dirán nunca que su localidad forma parte de tal Unidad Básica de Ordenación y Servicios, ni de aquella Mancomunidad de Interés General.

[1] Fechado a 27 de febrero y colgado en la web el 1 de marzo de 2013. Consta de 67 páginas. http://www.cescyl.es/pdf/noticias/IP%20ORDENACION%20TERRITORIO.pdf
[2] El CES se presenta como un foro permanente y estable de participación y diálogo de los agentes económicos y sociales en la toma de decisiones de la política económica y sociolaboral.
[3] En cursiva las citas literales del informe del CES.
[4] Esta calificación no es ajena a una intuición de la voluntad privatizadora  y de mercadeo con el patrimonio público que anima el documento.
[5] Una de las ideas más sugerentes del Libro Verde de la UE sobre la cohesión territorial: convertir la diversidad territorial en un punto fuerte,  es el derecho, de todos los territorios de contribuir con sus mejores valores al crecimiento del conjunto de la comunidad.
[6] El PP siempre se opuso a que apareciera y finalmente aceptó solo como opción –“podrán”- ,  a cambio de incorporar la tutela financiera de los entes locales (art.54), que es la nueva potestad estatutaria que primero se reclamó y se obtuvo del Estado, una vez aprobado el Estatuto.
[7] En mi opinión, esta es, en el Anteproyecto, la gran plataforma aglutinadora y privatizadora de la gestión de servicios públicos locales  que puedan ser apetecibles al mercado.
Fuente de la entrada: http://www.palenciasocial.com/2013/03/el-ces-enmienda-la-totalidad-el-modelo.html

Ser, estar, sentir en el medio rural

Ser parte activa en el discurrir de los acontecimientos es una parte central del ser humano. Allá donde estén, las personas necesitan sentirse partícipes de la evolución de su entorno, de las decisiones que afectan a su hábitat y a su forma de vida.
A pesar de  la gran  capacidad de adaptación  del ser humano a los cambios -algo que hace que no sea fácil privarles de su ser- ante la imposición de realidades cambiantes, es inevitable la aparición de malestar y de conflictos.
Una de las principales obsesiones de los poderosos es conducir el curso de las cosas acometiendo sus imposiciones  sin que se note, es decir, sin que el malestar se visibilice y sin que los conflictos alcancen intensidades críticas.
Las gentes del mundo rural están demasiado acostumbradas a sufrir los efectos de las imposiciones que se fraguan en lejanos centros de poder sin casi llegar a conocer sus orígenes ni sus motivos; a emigrar; a abandonar sus formas de vida sin saber cómo ni por qué. Algunas han llegado a identificar conflicto con problema y condenan todo lo conflictivo, cuando en realidad esto es la consecuencia deseable de la violencia (unas veces física y otras no) que ejerce el poder.
Sin embargo, hay ocasiones en que la abrumadora velocidad de los cambios hace que el sentimiento de ser un observador/sufridor pasivo de los mismos y de otras tantas decisiones y políticas impuestas hace imposible encontrar consuelo en los míseros cauces de participación que nos concede el sistema.
El entorno rural nos ofrece una posibilidad de ser distinta, que básicamente se caracteriza por una relación diferente con la tierra y con el resto de especies de seres vivos (incluidos nuestros vecinos). Algo nos ha llegado de una herencia ancestral que nos conduce hacia una especie de fusión con la tierra, de tal manera que los atentados contra la misma son atentados contra nuestro ser y verdaderamente así lo sentimos. Un nuevo terruño que desaparece bajo el hormigón, una carretera que se desdobla y arrebata una franja más de campos, una familia campesina que abandona la actividad… No suceden ante nosotros de forma intrascendente sino que experimentamos un sufrimiento y se desata una alerta en nuestro interior. Más si cabe cuando lo consideramos parte de un plan global trazado hacia el sometimiento de todo lo originario.
Quizá el ser diferente en el medio rural tiene algo de “aborigen”. No tratamos de desarrollo rural, ni de que “venga gente a los pueblos por que sí” en una especie de fiebre por la repoblación, ni de “encontrar nuevos yacimientos de empleo” en un esfuerzo titánico que choca con un abrumador flujo económico opuesto a lo rural y lo agrario.
Se trata de que nos dejen ser y de que los pueblos sigan siendo un lugar donde ser diferente, porque, dejando a un lado nuestros deseos y sentires, ahora se postulan como más necesarios que nunca espacios donde poder ser de otra manera, ser indígena como salida al caos, donde fundirse con la tierra si queremos sobrevivir dignamente junto con el resto de especies.
Las imposiciones/agresiones sobre el medio rural suelen proceder de élites al servicio de voraces intereses que ven en el medio rural una cantera de recursos naturales y humanos que introducir en sus procesos económicos y bélicos, que básicamente consisten en acumular poder y capital, tarea para la cual los seres que lo habitan suelen ser un impedimento ante el cual, o son transformados o son expulsados (cuando no eliminados). Históricamente lo han intentado de las tres maneras. Hoy siguen perpetrando el ruralicidio con diversidad de estrategias según el momento y el lugar del globo que se trate. Y lo han conseguido con aproximadamente la mitad de la población del planeta.
El campesino es la fusión de la sabiduría con la tierra, opuesto a la jerarquía y a la acumulación. El sistema prefiere empresarios agrícolas/ganaderos eficientes, clientes de las industrias agroquímicas, que no cuestionen -desde un ser auténtico-, la lógica de competencia por la tierra y explotación de la naturaleza, que desaparecen fagocitados unos por otros en una carrera acelerada hacia la concentración de la propiedad y el poder sobre la cadena alimentaria por un pequeño oligopolio agroindustrial.
Aunque han allanado bastante el camino, los poderosos (no confundir con los políticos), no deben creer que pueden pasar  por encima de la voluntad de  quienes quieren  vivir el ser auténtico en el medio rural, llamémosle campesino, aborigen o indígena, porque ellos y ellas son la prioridad en un mundo en que la propuesta de la dictadura del mercado (o la democracia de consumo) se agota. Queremos hacernos escuchar y explicar nuestro sentir. Y tengan por seguro que no nos quedaremos ni con el sufrimiento ni con la rabia dentro, es malo para la salud.
Para empezar, queremos decir que los vecinos de los pueblos somos algo más que beneficiarios o receptores de servicios, luz, saneamiento, teléfono, televisión… competencia de tal o cual administración, sea el municipio, el neo-distrito o la vetero-diputación.
Los vecinos de los pueblos somos el pueblo, el “demos”, de “demo-cracia”. No vivimos en un municipio: SOMOS el municipio.
Pareciera necesario aclarar este punto a tenor de las propuestas y los debates sobre “ordenación” del territorio y reforma de la administración local. En un vaivén de competencias las administraciones van delegando, parece ser, de arriba hacia abajo hasta llegar al municipio. Pero no. La cosa no es así. Somos los vecinos quienes delegamos, o no, hacia arriba, ojalá, hacia formas de gestión democráticas y controladas desde la base. No olvidemos esto. No somos consumidores, sino seres con capacidad reflexiva y decisoria.
Tengamos esto claro si queremos  defendernos del asalto sobre lo poco que aún controlamos de nuestro hábitat: Tierra, agua, vida. El camino es recuperar y recrear la soberanía vecinal, fundiéndola una vez más con la defensa del territorio, para nuestro derecho a ser rural. No existe democracia si no hay nada sobre lo que decidir.
Por eso la principal agresión contra la democracia vecinal es la apropiación de lo común (la propiedad, en un proceso inusitado de concentración y acumulación), tierra, agua, caminos, pastos, servicios; y la contaminación de todo; pero, también y sobre todo, la condena de nuestra forma de ser, estar, sentir.