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Resumen del informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León

Zonas_Convergencia_Competitividad_021.-ANTECEDENTES
El informe del CES hace recuento de los costes de no haber contado hasta ahora con un modelo territorial: Ha dificultado cualquier planteamiento global e integrado de los distintos servicios públicos y complicado la posibilidad de ejercer los derechos del conjunto de la ciudadanía (…)ha dificultado la resolución de problemas estructurales de naturaleza económica y social, así como la resolución de los desequilibrios territoriales y la despoblación. Pero el PP no tiene el coraje de hacerse cargo de este coste del que es culpable en la misma medida de sus responsabilidades de gobierno.
En definitiva, para el CES este Anteproyecto, que pretende hacer pasar por ordenación del territorio algo que no lo es de ninguna manera, es el resultado de los propios incumplimientos del Junta de desarrollo legislativo y reglamentario tanto en materia de ordenación del territorio como de régimen local.

2.-LOS PRINCIPIOS
En lo que respecta a Los Principios que informan el texto normativo propuesto por la Junta, que se limitan a la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera. El CES estima necesario recordar la importancia de otros principios y fines como son la autonomía, la subsidiariedad, la proporcionalidad, la cooperación, la claridad competencial y la transparencia, el bienestar de los ciudadanos, la solidaridad y la equidad, entre otros.

3.-FINES Y OBJETIVOS
El CES no acaba de ver en este Anteproyecto DÓNDE ESTÁN LAS PERSONAS y sus necesidades en el territorio. Insiste en que el énfasis debe estar en la generación de empleo y en la fijación de población en el territorio. En mi última intervención en las Cortes sobre esta materia valoraba este proyecto como un “monopoli”[4], que se construye de espaldas a las personas y a su realidad cotidiana.
Añade que esta materia no trata de arquitectura institucional, sino de personas, de territorios y de Comunidad.
(1º) De PERSONAS, que deben ser el epicentro del futuro modelo de ordenación territorial, y por tanto no debe olvidar, como hace el anteproyecto, el bienestar social, el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia y servicios sociales) y mayores oportunidades de empleo. En este sentido plantea la necesidad de definir tanto una cartera de servicios como estándares de cobertura y acceso a los mismos, para garantizar los derechos sociales básicos y la cohesión social.
(2º) De TERRITORIOS, es decir de desarrollo económico, de sostenibilidad medioambiental,  infraestructuras y de eliminar los desequilibrios territoriales. No deben eludirse, como hace el Anteproyecto,  las políticas sectoriales relacionadas con el empleo, las infraestructuras, la agricultura, el desarrollo rural, el medio ambiente, etc
Por eso insiste el CES en que un modelo de Ordenación del Territorio que garantice un correcto desarrollo económico y social de nuestra Comunidad, debería tener en cuenta los recursos endógenos de cada zona, y aprovechar la nueva geometría del territorio de Castilla y León para potenciar sus corredores naturales, sus vías de comunicación y transporte, su patrimonio turístico y cultural, sus potencialidades industriales, y sus singularidades territoriales.[5]
y (3º) De COMUNIDAD, o lo que es lo mismo, de luchar contra la despoblación  de vertebración y equilibrio territorial  y de cohesión económica y social. Para ello recuerda la necesidad de activar los instrumentos de vertebración territorial previstos en el Estatuto: El Fondo Autonómico de Compensación (art. 78.2) y el Plan Plurianual de Convergencia Interior (d. adicional 2ª), para  que el modelo de territorio de Castilla y León fuera acompañado de un marco de actuaciones de carácter adicional y extraordinario con el propósito de recuperar unos niveles adecuados de población, renta, empleo, dinamización de la actividad productiva e infraestructuras, así como de un reforzamiento en la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, precisamente en aquellos territorios que reflejen un menor desarrollo y cohesión social.
Echa de menos también el informe alguna referencia en el Anteproyecto a las CCAA  vecinas y, sobre todo, a Portugal para la instrumentación de actuaciones de desarrollo y equilibrio territorial en los bordes de la Comunidad, particularmente en “la raya”.

4.-EL MAPA
Respecto al MAPA, el CES considera que debería hacerse a la mayor brevedad posible, incluso especificarse en la propia norma, ya que no queda suficientemente claro el modelo si no se conoce el mismo, teniendo en cuenta, además, que hasta que el mapa no esté definido no se pueden concretar las áreas funcionales.
No comparte que el modelo descanse en las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio –aptas para la ordenación del mapa local, pero no para la ordenación del territorio que es, sobre todo,  dar garantía de acceso a bienes, infraestructuras y servicios públicos en condiciones de equidad y crear oportunidades de futuro a partir de los recursos más singulares de cada cual- y apuesta por las Áreas Funcionales o Comarcas, con más capacidad para  organizar la prestación de servicios, para articular una planificación a largo plazo, incorporar las áreas rurales a los procesos de desarrollo y a paliar el deterioro de sus estructuras económicas, sociales y demográficas, a través de la creación de equipamientos, dotaciones y alicientes de diverso tipo en las cabeceras, con criterios de solidaridad, racionalidad y eficacia, y con un funcionamiento en red que permita compartir los recursos.

5.-FINANCIACION
En cuanto a la FINANCIACIÓN el CES afirma:  El Anteproyecto de Ley no especifica claramente que se dispondrá de la financiación adecuada para llevar a cabo el modelo que se plantea. Llama la atención que en esta materia el anteproyecto SÍ proponga esperar a la modificación (¿?) de la legislación básica estatal para regular la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad de Castilla y León, que tanto nos costó plasmar  en art. 55.3 del Estatuto de Autonomía.[6]
Se pone en cuestión el principio de austeridad y la propia “racionalidad” que predica de sí el Anteproyecto, por cuanto  no queda clara en el mismo ninguna economía de estructuras locales, pues se crea una nueva, las Mancomunidades de Interés Comunitario, sin aclarar la eliminación de las actuales. No se entra en lo que a mi juicio sería la gran estructura de gestión de los servicios públicos locales en el medio rural: Los consorcios provinciales de servicios generales[7]. Una administración local instrumental, sin representación directa de la ciudadanía, dentro de otra administración local territorial, las diputaciones provinciales, de elección también indirecta. ¿Se puede poner más distancia entre la ciudadanía y la gestión de los servicios públicos “de proximidad”?

6.-ENTIDADES LOCALES MENORES
No se olvida el CES de las Entidades Locales Menores, a las que atribuye un importante papel en la vertebración de la Comunidad, destacando su carácter de patrimonio institucional y sus prácticas tradicionales de  participación directa de la ciudadanía. Destaca su papel en la descentralización de la Administración municipal.

7.-CONCLUSIONES
7.1.RÉGIMEN LOCAL. Empieza –y termina- por señalar lo indiscutible. Que todo lo que tenga que ver con la gobernanza local se mantenga a la espera de lo que resulte de la aciaga reforma puesta en marcha por el Gobierno con su Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya sometida a informe de la Comisión Nacional de Administración Local y del Consejo de Estado. En esta materia la Comunidad sólo puede adaptar la norma básica estatal a nuestra compleja realidad. ¡No vayamos a tener que dar marcha atrás después de 26 años amagando! Por prudencia, concluye, entendemos debería paralizarse la tramitación del Anteproyecto ahora informado, hasta la aprobación de la reforma estatal, o al menos debería suprimirse el articulado referido a la misma.
No entra el informe a valorar la coherencia de ambos anteproyectos, que alejan la gestión de las instituciones de elección directa por la ciudadanía, ni sus efectos combinados sobre el territorio: En mi opinión las mancomunidades de interés general se convertirán, si no lo evitamos, en el cementerio al que irán a morir los pequeños ayuntamientos y las entidades locales menores, no nos engañemos, y los consorcios de servicios generales de las diputaciones provinciales en el gestor-privatizador de los servicios públicos al medio rural con algún interés para el mercado.
7.2.ORDENACION DEL TERRITORIO.

Para el CES este documento no responde a las expectativas, necesidades y demandas de la sociedad castellana y leonesa en esta materia, pero cree que esta oportunidad no debería desaprovecharse (…) para sentar las bases de un modelo de futuro con mayores garantías y oportunidades, donde los pilares fundamentales sean el empleo, el dinamismo económico, la cohesión social y la convergencia de todos los territorios; es decir, una ordenación centrada en las personas, y no sólo en las instituciones.

Recuerda, por último, la reiteración de sus informes y recomendaciones sobre la importancia de abordar con tino y sentido de Comunidad esta materia. No olvida los incumplimientos sistemáticos de la Junta en cuanto al desarrollo normativo tanto del régimen local como de la ordenación del territorio de Castilla y León y pide que se evalúe lo que se ha legislado sobre esta última materia y se aclare su compatibilidad con lo que ahora se propone.

8. VOTO PARTICULAR DE UGT Y CCOO

Sin insistir en el mismo,  el voto particular de los sindicatos, de tono aún más crítico que el resto del informe, insiste en la crítica al reforzamiento de las diputaciones y la recuperación del modelo comarcal, donde tenga sentido, compatible con las áreas funcionales en el resto del territorio rural y las áreas metropolitanas, como un modelo más naturalizado y accesible a las referencias de identidad local de la ciudadanía y más coherente con la figuras previstas en el título III del Estatuto de Autonomía. Estructuras que considera mejor dimensionadas para garantizar la igualdad de oportunidades y para promover estrategias de desarrollo, creación de empleo y población.

Este voto particular considera que el paso siguiente a la definición del Mapa de Castilla y León, en Comarcas, Áreas Funcionales y Áreas Metropolitanas, correspondería a la necesidad de afrontar una profunda reforma en la dirección de sustituir dos estructuras con implantación territorial, como son las Diputaciones y las Mancomunidades, con sus oportunos órganos de Gobierno de las 9 Diputaciones y de 239 Mancomunidades existentes en la actualidad, por una estructura única para toda Castilla y León que no superaría la cifra de las 65-70 Unidades Territoriales Básicas (entre Comarcas y Áreas Funcionales).

9.-ANEXO

Como colofón, no me resisto a transcribir en su literalidad la Observación Particular Vigesimonovena, compartida por todo el Consejo:

El texto normativo propuesto, lejos de simplificar la relación ciudadano-territorio, contempla una amalgama de estructuras no naturales, de difícil comprensión y dudosa efectividad, como son las denominadas “Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio”, dividiéndose en rurales y urbanas, o las llamadas “Áreas Funcionales”, ya sean estas estables o estratégicas, sin olvidar las “Mancomunidades de Interés General”, que a su vez también pueden ser rurales o urbanas.
Nos encontramos que las “Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio” se configuran como entes abstractos, sin referencia política y administrativa alguna a nivel supramunicipal.
Al mismo tiempo se refuerza el papel de una institución local de elección indirecta para la ciudadanía como son las Diputaciones, y se mantienen el resto de estructuras administrativas existentes en la actualidad: Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, Comarca (en el caso único de El Bierzo), Mancomunidades, Ayuntamientos y Entidades Locales Menores.
Este modelo, que se define en el anteproyecto, a juicio de este Consejo, producirá confusión al ciudadano de nuestra Comunidad Autónoma ya que no verá en el nuevo mapa una referencia administrativa acorde con su sentimiento de pertenencia territorial.

Es más, cualquier ciudadano, castellano y leones, es capaz de decirnos a qué comarca natural (entendida como territorio) pertenece o a qué entorno metropolitano, pero no dirán nunca que su localidad forma parte de tal Unidad Básica de Ordenación y Servicios, ni de aquella Mancomunidad de Interés General.

[1] Fechado a 27 de febrero y colgado en la web el 1 de marzo de 2013. Consta de 67 páginas. http://www.cescyl.es/pdf/noticias/IP%20ORDENACION%20TERRITORIO.pdf
[2] El CES se presenta como un foro permanente y estable de participación y diálogo de los agentes económicos y sociales en la toma de decisiones de la política económica y sociolaboral.
[3] En cursiva las citas literales del informe del CES.
[4] Esta calificación no es ajena a una intuición de la voluntad privatizadora  y de mercadeo con el patrimonio público que anima el documento.
[5] Una de las ideas más sugerentes del Libro Verde de la UE sobre la cohesión territorial: convertir la diversidad territorial en un punto fuerte,  es el derecho, de todos los territorios de contribuir con sus mejores valores al crecimiento del conjunto de la comunidad.
[6] El PP siempre se opuso a que apareciera y finalmente aceptó solo como opción –“podrán”- ,  a cambio de incorporar la tutela financiera de los entes locales (art.54), que es la nueva potestad estatutaria que primero se reclamó y se obtuvo del Estado, una vez aprobado el Estatuto.
[7] En mi opinión, esta es, en el Anteproyecto, la gran plataforma aglutinadora y privatizadora de la gestión de servicios públicos locales  que puedan ser apetecibles al mercado.
Fuente de la entrada: http://www.palenciasocial.com/2013/03/el-ces-enmienda-la-totalidad-el-modelo.html

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